Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
Los funcionarios de Justicia también están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a sus centros de trabajo en una acción convocada por los sindicatos CSIF, CC.OO., STAJ y UGT para clamar contra "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.
DERECHO DE HUELGA EN UN VACÍO LEGAL
No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejoy desde entonces continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
Precisamente, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.
Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
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