En septiembre, como cada año, tendrá lugar la apertura del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo, en el que comparecen distintos estamentos de la Administración de Justicia ante Su Majestad el Rey de España, junto al Notario Mayor del Reino, y los presidentes del Tribunal Supremo y Constitucional.

Felipe VI aparecerá ataviado con la Toga de magistrado, como símbolo del mandato que el artículo 117 de la Constitución española, por el que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. Dejando como origen de la Justicia en la soberanía del pueblo español, como estado democrático, donde reside la soberanía nacional. Los Jueces y Magistrados administran Justicia todos los días en nombre del Rey, como Jefe del Estado de la nación y representante de todos nosotros.

Además, Su Majestad ostentará el Gran Collar de la Justicia como símbolo de la presidencia de dicho acto, y cierre de toda la simbología institucional.
Pero más allá de todo ello, y del resto de protocolo, el nuevo año judicial se abre con nuevos proyectos y nuevos desafíos ante el monarca y ante la ciudadanía.

La Ley 5/2012 procura establecer la Mediación como una figura de solución de conflictos, para evitar el letargo judicial y las demoras en asuntos civiles y mercantiles, pero que no lograr desempeñar las funciones que le preveían como una fuente para desatascar la Justicia en España. Por lo que aún deberán de plantearse nuevos retos para que la mediación sea la solución más utilizada para los conflictos.

Uno de los mecanismos que se instauraron para la agilización de la Justicia fue la imposición de unas tasas judiciales que sólo han acentuado la distancia de acceso a la Justicia para quienes menos recursos tienen, y aún queda una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que no deberá atender a criterios económicos sino a razones sociales para que la Justicia sea una garantía y un derecho para todos.

Otro aspecto que la Justicia no debe descuidar es en el empeño para erradicar la violencia en todos los ámbitos, y muy especialmente en el ámbito doméstico. Que las leyes digan una cosa, y que la sociedad no sea capaz de poner su parte, hace que cualquier medida sea un problema más que una solución.

Desde todos los ámbitos y circunstancias de nuestra sociedad se debe acoplar un estado y sensación de igualdad entre ambos sexos que servirá como base para cortar toda violencia. Y en ello no debe de cejar ni un esfuerzo el nuevo Rey de España, asumiendo así su claro servicio a nuestra sociedad.

Si nuestra sociedad actual avanza a pasos agigantados es gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales que facilitan enormemente la comunicación global entre las personas, lo que también facilita el comercio, la investigación, la innovación, la cultura, la educación y el desarrollo de nuestro país.

Pero junto a esos desarrollos tecnológicos, también evolucionan los delitos informáticos y las violaciones e intromisiones en derechos personalísimos, por lo que nuevos modelos de persecución y evasión de los mismos deberán acometerse desde el poder ejecutivo para que, con la Justicia, no se provoquen más víctimas de las nuevas tecnologías.

Y el peor enemigo de la Justicia es la corrupción, porque de ella deberá no verse involucrada la Justicia para que su acción y su fuerza sigan siendo imparciales y eficaces “erga omnes” (frente a todos).

Así lo dejó claro en el discurso de su proclamación como Rey de España, cuando Felipe VI expresó su firme compromiso en la recuperación de la honestidad, el rigor, la tolerancia y el respeto a las instituciones por parte de las fuerzas políticas.

La Justicia debe de emanar del pueblo, como soberano de la verdad y dueño de todos los tiempos, para que en España no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional.

Y en ese papel simbólico de unidad, de permanencia y de arbitrio es en el que se debe de desenvolver toda la acción del nuevo Rey de España para mantener la Justicia como uno de los pilares básicos de la Constitución española de 1978 y como norma básica de convivencia democrática.

El ejercicio de los derechos y de las libertades, así como el mantenimiento de las garantías inalienables como personas, debe de fundamentar cada acción y cada hecho de Felipe VI y del resto de instituciones para que la Justicia sea cada vez más auténtica, con acceso a todos los ciudadanos y con igualdad en todo momento.